Residente de Reus arriesga quedarse sin hogar tras Solvia venderle un piso equivocado

Residente de Reus arriesga quedarse sin hogar tras Solvia venderle un piso equivocado

Reus, España – En una historia absurda más propia de una comedia de errores que de la vida real, Ana Tapias, de 42 años y residente de la ciudad catalana de Reus, podría ser desalojada del piso que compró legalmente y donde vive desde 2022. La razón: un grave error de la inmobiliaria Solvia, que confundió direcciones y le vendió una propiedad que pertenece a otro fondo de inversión. La familia Tapias, que actuó de buena fe, ahora lucha por su vivienda mientras una maquinaria burocrática amenaza con dejarlos en la calle.

Qué salió mal: cronología del error

Todo comenzó en 2022, cuando Ana Tapias, madre soltera joven, buscaba una vivienda asequible en Reus. Encontró un anuncio de Solvia, una importante agencia especializada en gestionar propiedades bancarias en situación de dificultad. El apartamento de 120 metros cuadrados parecía ideal: Ana lo visitó, pagó señal, tramitó una hipoteca y firmó el contrato de compraventa ante notario. La familia se mudó, y los dos siguientes años transcurrieron sin problemas: Tapias pagaba su crédito, recibos y hasta fue inscrita en el catastro como propietaria.

Pero en abril de 2024 llegó la conmoción: una notificación de desalojo. Resultó que el piso adquirido en realidad pertenece al fondo de inversión Gramina Homes, mientras que Ana había estado pagando la hipoteca por la vivienda vecina, de 70 metros cuadrados, ocupada por un "okupa profesional" que trabaja como vigilante en el tribunal local y se niega a abandonarla. El abogado de Tapias logró una suspensión temporal del desalojo, pero el juzgado aún no ha emitido una resolución definitiva sobre la titularidad. "Vivo con miedo constante. ¿Cómo es posible esto en el siglo XXI? Pagué por mi casa y ahora me echan de ella", lamentó Ana en una entrevista con medios locales.

El origen del problema fue una simple negligencia de Solvia. Al gestionar un portafolio de inmuebles bancarios, la empresa inició el procedimiento de desalojo contra un okupa en uno de sus pisos, pero por una confusión en la numeración de puertas (debido a una reciente remodelación del edificio: los antiguos números 6.º 2.ª y 6.º 3.ª pasaron a ser Ático 3.º y Ático 1.º/4), desalojaron y tomaron posesión del piso equivocado: el de Gramina Homes. Esa propiedad, erróneamente liberada, fue luego vendida a Ana Tapias.

Detalles absurdos: desde la tasación bancaria hasta el caos catastral

La situación se agrava por una cadena de fallos burocráticos:

• La tasación bancaria se realizó específicamente sobre el piso donde vive Ana (120 m²), no sobre el de 70 m². El banco otorgó la hipoteca basándose en esos datos.
• El Ayuntamiento de Reus asignó dos referencias catastrales distintas al edificio, a pesar de que ambas viviendas comparten puerta de entrada y contador de servicios.
• Gramina Homes ha registrado formalmente los derechos sobre "su" piso y ahora exige el desalojo, ignorando los argumentos de compra de buena fe.
• Solvia, a pesar de solicitudes oficiales de la familia Tapias, no responde ni ofrece explicaciones. "Simplemente han desaparecido, dejándonos solos frente a esta pesadilla", afirma la abogada de Ana.

Expertos inmobiliarios en Cataluña califican este caso como una "advertencia para todos": incluso grandes agencias cometen errores fatales en la era digital, y el Estado no ejerce suficiente control sobre las transacciones de vivienda en situación precaria, muchas veces financiadas con fondos públicos.

¿Qué sigue?: la lucha por la justicia

Actualmente, Ana y su hijo viven en una situación de incertidumbre: el desalojo está suspendido temporalmente, pero los jueces analizan un enredo documental. La familia espera que se reconozca su condición de compradora de buena fe, lo que según la legislación española podría proteger sus derechos. Mientras tanto, activistas por el derecho a la vivienda en Reus ya han comenzado a recoger firmas en una petición que exige investigar las acciones de Solvia y reformar el sistema catastral.

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes ante un sistema donde una dirección equivocada puede arruinar una vida. Hasta que el tribunal emita sentencia, Ana Tapias seguirá pagando su hipoteca por un piso en el que no puede vivir. "No estoy robando nada. Compré mi casa. ¿Por qué tengo que sufrir por un error ajeno?", se pregunta la mujer.

La historia de Ana Tapias está siendo ampliamente compartida en redes sociales y medios españoles, generando una ola de indignación.